Contraloría General de la República debe adecuar su actuación a lo que dice la Ley de Transparencia, señala experto Javier Casas Chardón.

El Contralor General de la República, Genaro Matute Mejía, se equivoca al afirmar que la información sobre los gastos operativos de los parlamentarios tiene “carácter intangible”, mientras dure la auditoria que se realiza al Congreso, señaló Javier Casas Chardón, Jefe de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

“La Ley de Transparencia es lo que se denomina una ley de desarrollo constitucional y por lo tanto ingresa al “bloque constitucional”, esto quiere decir que al leer la ley de transparencia, es como si estuviésemos leyendo enmiendas o precisiones al Art. 2., inciso 5 de la Constitución que se refiere al derecho al acceso a la información pública”, preciso Javier Casas.


“Si bien la ley de la Contraloría es especial (orgánica) no puede considerarse por encima de una norma que regula un derecho fundamental de las personas. Pretender eso, como lo señala Matute, equivaldría a decir que el artículo 1 de la Constitución diga que el fin supremo de la sociedad y del Estado es el Estado, y no lo que realmente dice: que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, argumentó el especialista del IPYS.

“Teniendo esto claro, podemos decir que es inconstitucional volver reservada o secreta la información sobre los gastos operativos de los congresistas sólo porque existe una acción de control de la Contraloría. Dicha decisión vulnera expresamente lo señalado por la ley de transparencia en el sentido que el principio de publicidad es la regla de toda la actividad estatal, como por ejemplo, las acciones de control. Por lo tanto, la Contraloría General de la República debe adecuar su actuación a lo que dice la Ley de Transparencia porque por encima de todo está el respeto a los derechos humanos”, acotó Casas Chardón.