La Defensoría del Pueblo informó hoy que registró 16 nuevos casos de conflictos sociales en el país durante junio pasado, con lo que la cifra total, según la investigación realizada, asciende a 132. Los casos nuevos están en los departamentos de Apurímac (1), Ayacucho (1), Cusco (3), Huánuco (1), La Libertad (2), Lambayeque (1), Lima (1), Loreto (2), Piura (2).

A ellos se suman el problema laboral no resuelto de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y uno en el sector pesquero.
Nueve de los casos nuevos son de naturaleza socioambiental, tres relacionados con asuntos de gobierno local y laboral, y un conflicto por asuntos de gobierno nacional, precisó.
Según se indicó, existen casos de conflictos reactivados en Áncash (1), Cajamarca (4) y Lima (1). Estos pertenecen en su mayoría a conflictos socioambientales (5 casos) y un caso es del tipo laboral.
El reporte considera que del total de conflictos, 86 se encuentran activos (65%) y 46 en estado latente (35%). Indica, además, que hubo 53 acciones colectivas de protesta y cuatro de violencia subversiva. Durante el sexto mes no se resolvió ningún caso, anotó la Defensoría.
La Unidad de Conflictos Sociales, encargada del reporte, explicó que de los conflictos registrados, tanto casos activos como latentes, el 49% (65 casos) corresponde a casos socioambientales, en segundo lugar, con 18% (24 casos) se encuentran los casos por asuntos de gobierno local y en tercer lugar con 7% los conflictos comunales y los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con nueve casos respectivamente.
Durante el mes de junio, la Defensoría del Pueblo realizó 78 actuaciones defensoriales de supervisión preventiva e intermediación, además de las intervenciones legales y humanitarias.
Con relación a la situación socioeconómica de las zonas de conflicto, el reporte Nº 52 señala que 107 conflictos (81%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza. El 58% de los conflictos ha ocurrido en  áreas rurales (76 casos).
La investigación refiere también que en el caso de los conflictos socioambientales se incluye información especial sobre “Las comunidades campesinas, centros poblados y municipios (provinciales y distritales) con conflictos socioambientales”. En el caso de los conflictos por cultivo ilegal de coca se presentan datos actualizados al 2007.
Destaca, a su vez, la información acerca de las comunidades campesinas y nativas, una recopilación de información de instituciones privadas, la misma que suele ser muy restringida y corresponde, en el mejor de los casos, al año 2001.