Eddie Cóndor Chuquiruna
Coordinador del Area de Participación Ciudadana y Buenas Prácticas de la Comision Andina de Juristas

La independencia de poderes asegura la protección del individuo frente al poder público. En este modelo, ningún gobernante o Parlamento puede abusar del ejercicio de su poder o concentrar potestades. La arbitrariedad es excluida en nombre de la racionalidad del Derecho. En términos concretos, una democracia que se precie de tal tiene una institucionalidad que divide las funciones del Estado entre diversos órganos. El modelo de Montesquieu implica que "yo individuo", aplastado por el peso de la Administración, puedo recurrir a un juez que hará valer mis derechos. Sólo en ese caso, el ciudadano puede tener una relación de igual a igual con el poder y no ser un súbdito de él.

Lo que se observa en Bolivia es una tendencia a neutralizar al sistema de Justicia, empezando por el descabezamiento calculado del Tribunal Constitucional. Se entiende que en la lógica del actual proceso político, las presiones populares por demandas insatisfechas, las demandas privadas frente a las nacionalizaciones, las pretensiones autonómicas regionales y toda resistencia a la agenda del Presidente Morales, deben ser comprimidas. Toda transformación (buena o mala) trae reclamos, toda "revolución" super anunciada trae impaciencia colectiva, toda exclusión (pues el "indigenismo" también termina siendo excluyente) trae oposiciones radicales. El séquito del Gobierno lo sabe y sabe también que los cambios extremos (a falta de consenso) sólo pueden imponerse por la fuerza, sino obsérvese la forma en que se pretendió aprobar la Constitución. Y si es así, la opción razonable del Gobierno es, posiblemente, debilitar los mecanismos formales de protección de derechos y de control de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo y el Parlamento. El primer objetivo visible es, por ahora, la jurisdicción constitucional, porque ella es clave. Un estudioso sesudo del Derecho descubrirá que en una sociedad cuyo control constitucional está concentrado, el poder real lo tiene antes que el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, pues equilibra la relación entre los poderes públicos. En ejercicio de prospectiva y dado el análisis del proceso político boliviano y de sus influencias, la viabilidad del modelo del MAS pasa por el acorralamiento de todos las fuerzas resistentes, uno de ellos es el sistema judicial en su conjunto.

El caso más tangible de neutralización e injerencia fue el intento del Gobierno por introducir sus piezas en el Poder Judicial y la consecuencia directa de ese hecho, cuando se enfrentó al Tribunal Constitucional mediante un juicio de responsabilidades que no aportó al Estado de Derecho sino que más bien neutralizó a una institución clave para el control del poder en Bolivia (y desde luego en cada una de sus regiones). 

Al margen de si tales hechos corren del lado de los intereses gubernamentales por paralizar el control de la constitucionalidad, existe un problema concreto que se debe enfrentar. El oficialismo tiene la oportunidad de demostrar que detrás de todo no hay un plan por liquidar la independencia judicial y el control al poder. Pero este no es sólo un tema que compete a la oposición sino también a los propios individuos. Si el Congreso no cubre las vacantes faltantes, no sólo la institucionalidad  y las garantías de la minoría queda vulnerable, sino los propios derechos ciudadanos que podrían ser afectados por una ley autoritaria o con nombre propio, contraria al texto de la Constitución vigente. El asunto es tan grave, que la indefensión constitucional debería ser un debate fundamental en una Bolivia dividida en regionalismos y movilizaciones,  tan poco propensa al diálogo. Esta incapacidad redunda, precisamente, en que el oficialismo y la oposición no designen a cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional, los tres vocales de la Corte Electoral y el titular de la Fiscalía General, aún faltantes.

Esta  acefalía institucional es la que nos lleva a la sospecha. Insistamos en preguntarle al Gobierno ¿Querrá el oficialismo que cunda la sospecha de que detrás de todo existe un proyecto autoritario? ¿No se "legitimaría" el modelo del Presidente Morales si es que se circunscribe en un Estado de Derecho? ¿Permitirán que la oposición tenga argumentos que sugieran la progresiva instalación de un régimen autocrático y excluyente? Suponemos que no. Sin embargo, allí donde no hay formas de controlar al poder subyace también la sospecha de que este desguarnecimiento de la legalidad y los derechos ciudadanos responden a un plan mayor. 

La elección de los nuevos magistrados es, por todo lo antedicho, 'un mandato imperativo' para el Congreso  y una seña necesaria de buena voluntad democrática para el Gobierno. El Presidente democrático, Evo Morales, y su bloque parlamentario tienen la oportunidad histórica de dar una lección de democracia y de respeto a la separación de poderes, que es lo mismo que respeto a la soberanía del individuo. Su otra opción es alinearse del lado de aquellos que han enturbiado, con sus ambiciones propias, la azarosa historia de nuestras naciones.

(*) Las opiniones vertidas en este artículo son exclusivamente del autor