El diario Correo envió a Trujillo a la periodista Paola Miranda para indagar sobre los procesos judiciales contra el responsable de la edición regional, Luis Bahamonde, iniciados por los familiares del presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano. Reproducimos el artículo publicado en Correo por ser de interés informativo para nuestra ciudad
(Paola Miranda/Enviada especial a Trujillo/CORREO) El Poder Judicial se ha convertido en escenario de una batalla legal que enfrenta a tres sobrinos del presidente de la Corte Suprema con el diario de mayor circulación regional del norte: Correo-Trujillo.

La historia se remonta al 30 de marzo del 2005, cuando Correo empieza a mencionar en sus publicaciones a la hoy congresista por el APRA Tula Benites Vásquez, a su esposo, el fiscal Fermín Caro Rodríguez, y posteriormente a su hermano, el asesor de Chavimochic Jorge Benites Vásquez. Desde entonces los aludidos parientes de don Walter Vásquez Vejarano han presentado diez querellas por difamación contra la sede de este diario.
Todo empezó cuando Correo citó en su sección Chiquitas un informe de Auditoría Interna de la Caja Municipal de Trujillo (CMACT), donde se recomendaba tomar previsiones sobre el desembolso de aproximadamente S/.250 mil a favor de Fermín Caro.
Resulta que este ciudadano había demandado a la Caja por daños y perjuicios en razón a un supuesto despido arbitrario. Pero, conforme consta en lo publicado aquella vez, Correo-Trujillo cuestionaba que el millonario pago se efectúe en la entidad que pertenece al municipio trujillano, donde la esposa del demandante, Tula Benites, era regidora por el APRA. Peor aún si se trataba de un despido por falta grave, como luego quedó probado.
Como primera reacción, doña Tula y esposo no solicitaron rectificación por parte del diario, sino que trasladaron el tema directamente al campo judicial, donde su tío era y es el mandamás.
Curiosamente, el magistrado que inicia esos dos primeros juicios –el 1473/05 y el 1474/05– fue Yuri Rosales Rodríguez, por entonces juez suplente del Quinto Juzgado Penal de Trujillo, un conocido militante aprista e integrante del Comité Regional Electoral del PAP en el 2004. En otras palabras, un juez puesto “a dedo” y de la misma tienda política que la demandante Tula Benites. ¿Juicios por consigna?
Pero Correo no se detuvo. Luego publicó la carta –de cuatro páginas– mediante la cual Víctor Chávez y Lucio Olórtiga, Gerente Administrativo y Gerente de Ahorro y Finanzas de la Caja, respectivamente, despidieron a Fermín Caro el 14 de mayo de 1997. Las consecuencias fueron dos nuevas querellas por supuesto agravio contra el honor de los “sobrinísimos”.
Luego, en mayo del 2005, Correo informa sobre los procesos penales abiertos contra otro pariente de Vásquez Vejarano, Jorge Benites Vásquez, por delitos como estafa, robo agravado y falsificación de documentos. Pese a ello –decía la nota–, Benites fue contratado como asesor de Chavimochic, a cargo de la presidencia regional de La Libertad, que también está en manos del APRA.
Esta y otras informaciones motivaron nuevas querellas: ya llegan a 10.
Según el abogado Elías Valle, en el fondo los hechos denunciados por Tula, Fermín y Jorge son endebles y a veces hasta absurdos. Pero fueron admitidos por los jueces de La Libertad, ocasionando así que los propios periodistas se interesen en indagar sobre el “poder oculto” que ejercerían estos personajes en la Corte liberteña.
En el sólido norte del APRA, estos casos son un escándalo, aunque en Lima el tema haya sido contaminado por situaciones personales. “Que el director de Correo-Trujillo, Luis Bahamonde, le envió a un abogado para pedirle que a cambio del silencio lo beneficie en un proceso que tiene por motivos personales en Iquitos”, es una tesis que el señor Vásquez Vejarano ha manifestado públicamente y que tendrá que probar en los tribunales. Lo peor es que para el supremo magistrado cualquier cosa que se publique sobre sus familiares en el citado diario forma parte de una campaña de desprestigio. Incluso ha llegado a afirmar tendenciosamente que la lamentable muerte de su esposa fue a consecuencia de “tantas difamaciones”.
¿Y qué dicen los jueces?
Los singulares argumentos de algunos magistrados:
-La jueza Clara Alfaro Vásquez fundamentó su fallo contra Correo-Trujillo afirmando que la Caja Municipal es una entidad privada. ¿No sabe que administra fondos municipales?
-El juez del Noveno Juzgado, César Ortiz Mostacero, prohibió a los periodistas volver a publicar sobre el demandante, Jorge Benites, “informaciones que puedan lesionar su honor”.
-Por el Quinto Juzgado, a cargo de tres querellas, han desfilado hasta cuatro jueces suplentes y provisionales: Yuri Rosales, Manuel Landa, Guillermo Alarco y Blancas Achachau.
-Cabe destacar que los vocales de la 1ra, 2da y 4ta Sala Penal de la Corte de La Libertad han anulado las sentencias de primera instancia contra Correo.
-Es muy lamentable la actitud de los vocales supremos –integrantes de la Sala Plena– que sin mayor conocimiento ni análisis de los hechos informados por Correo se han solidarizado unánime y públicamente con los familiares del presidente de la Corte Suprema. Esto nos obliga a recurrir a instancias supranacionales en busca de imparcialidad.
MÁS DATOS
La Contraloría, con oficio 708-2005-CGORTR, de fecha 7 de diciembre del 2005, solicitó al Órgano de Control Interno de la Caja Trujillo la sanción para aquellos funcionarios responsables del pago que debía efectuarse a Fermín Caro por el daño ocasionado a la Caja.